Por Juan Pablo Ojeda
En medio del ruido político que ha generado la reforma electoral, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, salió a poner sobre la mesa un mensaje directo: el llamado “Plan B” no desaparece al Instituto Nacional Electoral, aunque eso es lo que se ha repetido en varios espacios.
La aclaración no es menor, porque el tema se volvió uno de los más polémicos en la agenda pública. Según la senadora, lo que se ha difundido en parte del debate no corresponde con lo que realmente dice la reforma.
Entonces, ¿qué sí plantea el Plan B? Básicamente, meterle tijera al gasto del sistema electoral. La idea es reducir estructuras que se consideran burocráticas y ajustar salarios, estableciendo que ningún funcionario electoral gane más que la persona titular del Ejecutivo. En pocas palabras, hacer más “barato” el aparato electoral.
Desde la lógica de política pública, el argumento es eficiencia: gastar menos sin dejar de organizar elecciones. Pero aquí es donde empieza el jaloneo político, porque para algunos esto es orden administrativo y para otros puede afectar cómo funciona el sistema electoral.
El Senado ya dio el primer paso. La reforma fue aprobada con mayoría calificada —87 votos a favor y 41 en contra— y ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde seguirá la discusión. En el camino, hubo intentos de modificar el dictamen, pero la mayoría de las propuestas no prosperaron.
Entre los cambios que se mantienen están ajustes en el número de regidores en municipios y límites al gasto de congresos locales. Todo bajo la misma lógica: recortar costos en distintas áreas del sistema político.
Pero el debate no se queda ahí. Especialistas y exconsejeros electorales han advertido que el verdadero impacto podría verse en las leyes secundarias. Es decir, no tanto en la reforma constitucional, sino en cómo se bajen esas reglas a la práctica.
Ahí es donde surgen las preocupaciones: posibles cambios en la estructura operativa del INE, ajustes en juntas distritales o en los tiempos de organización electoral. En términos simples, cómo se llevan a cabo las elecciones en el día a día.
Y aquí está el fondo del asunto: mientras desde el oficialismo se insiste en que es una reforma para ahorrar y hacer más eficiente el sistema, desde la oposición se advierte que podría abrir la puerta a cambios más profundos en el control y funcionamiento electoral.
Por ahora, el Plan B sigue su ruta legislativa, pero ya dejó claro algo: el tema electoral sigue siendo uno de los más sensibles en la política mexicana, porque toca directamente cómo se elige el poder.