Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados ya se puso sobre la mesa un tema delicado y urgente: cómo evitar que niñas, niños y adolescentes terminen en manos del crimen organizado. El diputado Fernando Jorge Castro Trenti, de Morena, presentó una iniciativa que busca meterle dientes a la ley para detectar a tiempo a menores en riesgo.
La propuesta apunta directo al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué quiere cambiar? Básicamente, obligar a todas las autoridades —federales, estatales y municipales, incluyendo la Ciudad de México— a identificar de forma temprana casos donde menores puedan ser captados por grupos delictivos.
En pocas palabras: dejar de reaccionar cuando el problema ya explotó y empezar a detectarlo antes de que ocurra.
La iniciativa no se queda solo en la detección. También plantea que, cuando se identifiquen estos casos, las autoridades activen medidas de protección reales: atención psicológica, apoyo para que los menores no abandonen la escuela, fortalecimiento del entorno familiar y programas de reintegración social. Todo bajo el principio del interés superior de la niñez, que en teoría debería guiar cualquier decisión del Estado.
El contexto no es menor. El propio documento reconoce que México no tiene cifras oficiales claras sobre cuántos menores son reclutados por el crimen organizado. Pero hay aproximaciones que prenden focos rojos. Datos trabajados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estiman que solo en 2024 entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad por delitos ligados al crimen organizado.
Y eso podría ser solo la punta del iceberg. Organizaciones como la Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad advierten que entre 145 mil y 250 mil menores en el país están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.
A nivel internacional, la presión también existe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño han insistido en que los Estados deben actuar antes, no después, con políticas públicas que prevengan este tipo de violencia.
El fondo del asunto es claro: aunque México ya tiene un marco legal que protege a la infancia, la realidad del crimen organizado ha cambiado el juego. Y eso obliga a actualizar las reglas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, donde se va a discutir si estas medidas realmente pueden cerrar el paso al reclutamiento infantil o si se quedan cortas frente a un problema que crece en varias regiones del país.
Porque aquí no se trata solo de leyes, sino de algo más profundo: evitar que miles de menores vean en el crimen organizado la única salida.