Por Juan Pablo Ojeda
En medio del debate sobre seguridad y justicia en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó clara una línea que, en teoría, debería ser inamovible: nadie puede ser tratado como culpable sin antes ser juzgado. Y eso aplica incluso en casos complejos, como los de jóvenes reportados como desaparecidos que después aparecen vinculados a actividades delictivas.
Desde la conferencia matutina, la mandataria explicó que cada caso debe analizarse de forma individual. Es decir, no se puede generalizar ni asumir culpabilidad automática, porque detrás puede haber situaciones como coerción o reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. En términos de política pública, esto refleja un equilibrio delicado: combatir el delito sin violar derechos.
Sheinbaum fue directa al señalar que no le corresponde al Ejecutivo decidir quién es culpable o inocente. Esa responsabilidad recae en instituciones como la Fiscalía General de la República y en los jueces, quienes deben evaluar pruebas, contexto y posibles atenuantes antes de dictar una sentencia.
Incluso fue más allá al fijar postura personal: aseguró que nunca respaldaría la detención de una persona inocente y que, si existen casos así, deben corregirse. Aquí entra otro componente clave del sistema: la posibilidad de revisar detenciones. La Secretaría de Gobernación, explicó, cuenta con mecanismos para recibir denuncias y dar seguimiento a posibles irregularidades, incluso en coordinación con el Poder Judicial.
Pero el diagnóstico no se quedó en el discurso. La presidenta reconoció un problema que se arrastra desde hace años: el desempeño de los ministerios públicos. Aunque en papel muchas procuradurías se transformaron en fiscalías, en la práctica los resultados han sido desiguales. Hay avances en algunos estados, pero en otros persisten fallas que afectan directamente el acceso a la justicia.
Por eso, dejó abierta la puerta a posibles cambios, ya sea mediante reformas legales o ajustes internos dentro de las propias fiscalías. El objetivo, en pocas palabras, es que las instituciones funcionen mejor y que los casos se resuelvan con mayor rigor.
Lo que está en juego no es menor. Se trata de garantizar que el sistema de justicia no solo persiga delitos, sino que lo haga respetando derechos fundamentales. Porque, como dejó ver la presidenta, en un país con altos niveles de violencia, la presión por castigar no puede pasar por encima de la presunción de inocencia.