Por Juan Pablo Ojeda
El caso que ha sacudido a Michoacán entra en una fase clave. Osmar “N”, un adolescente de 15 años, enfrenta este jueves su audiencia inicial tras ser señalado por el asesinato de dos maestras al interior de una preparatoria en Lázaro Cárdenas.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que se solicitará la orden de aprehensión en su contra por los delitos de feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Se trata de una acusación grave que, en condiciones normales, implicaría penas altas, pero que en este caso está limitada por la edad del agresor.
Las víctimas, María del Rosario “N” y Tatiana “N”, ambas docentes, fueron atacadas de manera directa dentro del plantel. De acuerdo con las investigaciones, el joven ingresó al lugar ocultando un rifle tipo AR-15 dentro de una funda de guitarra. Una vez dentro, disparó contra ellas en la zona de acceso, provocando su muerte en el lugar.
Uno de los puntos que más ha generado indignación es que, pese a la gravedad del crimen, la ley establece que, por tener 15 años, el adolescente podría enfrentar una pena máxima de apenas tres años de internamiento. Esto ha llevado a familiares de las víctimas a exigir justicia y cuestionar si debería ser juzgado como adulto.
El caso también ha abierto un debate público más amplio. El diputado Carlos Bautista Tafolla incluso planteó la pena de muerte como castigo, reflejando el nivel de enojo social, aunque esta medida no existe en el marco legal mexicano.
En cuanto al arma utilizada, el fiscal confirmó que no contaba con registro, a pesar de que el adolescente declaró haberla tomado de su domicilio, donde su padrastro es integrante de la Secretaría de Marina. Este dato abre otra línea de investigación sobre cómo tuvo acceso al arma.
Las autoridades también cuentan con evidencia clave: videos de cámaras de seguridad, testimonios de estudiantes y personal, así como material previo difundido por el propio joven en redes sociales, donde mostraba el arma y mensajes de odio dirigidos a mujeres horas antes del ataque.
En las próximas horas se definirá si Osmar “N” es vinculado a proceso. Más allá del caso judicial, el hecho vuelve a poner sobre la mesa temas delicados: el acceso a armas, la violencia juvenil y los límites del sistema de justicia para menores en México.