FGR deberá informar más sobre el caso Ayotzinapa

Sheinbaum aborda Ayotzinapa, derrame en Veracruz, reforma hídrica y revocación.

Carlos Lara Moreno

Caso Ayotzinapa y funeraria en Iguala

La presidenta solicitó a la FGR un informe sobre una funeraria ligada a la desaparición de los 43 normalistas.

Detectan operación irregular del establecimiento; sus dueños ya fueron detenidos.

Nuevas líneas de investigación surgen de análisis telefónicos con sustento científico.

Se prevé abrir más información del caso sin afectar el debido proceso.

Participan expertos internacionales, incluido el Alto Comisionado de la ONU.

Continúa el diálogo con familiares, aunque sin consenso total.

Derrame de petróleo en Veracruz

La FGR investiga el derrame; podría configurarse un delito penal.

Se atribuye a un buque de empresa privada, no a Pemex.

Pemex encabeza labores de limpieza en playas y mar; su director fue enviado a la zona.

Profepa, Semarnat y ASEA realizan inspecciones y definirán sanciones.

El gobierno evalúa apoyos para pescadores afectados.

La empresa responsable deberá cubrir los daños.

Revocación de mandato en la mira

Sheinbaum propone empatarla con elecciones para reducir costos.

Señala que instalar casillas adicionales implica gasto innecesario.

Defiende que el Ejecutivo pueda informar sobre el ejercicio sin considerarse propaganda.

Critica restricciones actuales que limitan su difusión.

Sostiene que la participación depende de la ciudadanía.

México, mediador entre Cuba y Estados Unidos

El gobierno mantiene diálogo con ambos países para evitar tensiones.

México envía ayuda humanitaria continua a Cuba.

Rechaza el bloqueo económico y respalda la autodeterminación de la isla.

Explora envío de combustible y posibles inversiones mexicanas.

Prioriza la vía diplomática y multilateral.

Nueva Ley de Aguas y control estatal

La reforma elimina la transmisión de concesiones y combate el mercado ilegal del agua.

Busca frenar especulación, acaparamiento y uso indebido.

Endurece sanciones: multas millonarias y penas de prisión.

Detectan casos de venta clandestina, sobreexplotación y uso irregular.

Se han realizado miles de inspecciones y clausuras.

Los recursos recaudados se destinarán a obras hidráulicas.

Se fortalece el acceso para comunidades, productores y municipios.

 

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