Por Juan Pablo Ojeda
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría asignar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tareas de seguridad en aeropuertos si los demócratas no aprueban el financiamiento de la Administración de Seguridad en el Transporte, cuyos trabajadores llevan semanas sin recibir salario.
El señalamiento del mandatario ocurre en medio de un bloqueo político en el Senado que ha impedido, en múltiples ocasiones desde febrero, aprobar recursos para el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia de la que forman parte tanto la TSA como las agencias migratorias.
A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que, de no alcanzarse un acuerdo, trasladaría a agentes de ICE a los aeropuertos para implementar “medidas de seguridad sin precedentes”, incluyendo la detención inmediata de migrantes en situación irregular.
El conflicto ha tenido efectos visibles en la operación aeroportuaria. La falta de pago a empleados de la TSA ha derivado en ausencias laborales y renuncias, lo que ha provocado largas filas y retrasos en terminales clave como Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el aeropuerto de Nueva Orleans.
La tensión política se intensificó luego de que el Senado rechazara por quinta ocasión un paquete de financiamiento integral para el DHS. Ante este escenario, legisladores demócratas impulsan una propuesta para liberar recursos únicamente a la TSA y restablecer sus operaciones, sin reactivar el resto de funciones no esenciales del departamento.
El origen del desacuerdo se remonta a las políticas migratorias del gobierno de Trump. La oposición demócrata condicionó el financiamiento tras operativos migratorios en Minnesota, donde murieron dos personas durante acciones de agentes federales, lo que generó críticas sobre el uso de la fuerza y el enfoque de las redadas.
En su mensaje, el presidente también lanzó acusaciones contra la congresista Ilhan Omar, a quien responsabilizó, junto con autoridades locales, de permitir presuntos abusos en programas públicos, en un contexto de fuerte polarización política.
A pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, agencias como ICE continúan operando con normalidad gracias a recursos asignados previamente en el presupuesto federal de 2025, lo que permitiría ejecutar la estrategia planteada por el mandatario en caso de prolongarse el bloqueo.
El debate refleja no solo un desacuerdo presupuestal, sino una confrontación más amplia sobre el rumbo de la política migratoria y de seguridad en Estados Unidos, con implicaciones directas en la operación de infraestructuras críticas como los aeropuertos.