Por Bruno Cortés
En el Senado ya se dibuja una línea clara de confrontación. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada votará en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El argumento central no gira en torno a tecnicismos, sino a algo que preocupa a buena parte del país: la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones.
Anaya fue directo. Dijo que Acción Nacional no respaldará “ni un solo artículo” si la iniciativa no incluye sanciones severas contra partidos y candidatos que reciban dinero del narcotráfico. Para el PAN, la cancelación del registro a cualquier partido que acepte recursos ilícitos debería quedar escrita de manera explícita en la ley. Mientras eso no ocurra, votarán en bloque en contra.
Más allá del discurso político, lo que está en juego es el diseño del sistema electoral. Entre los cambios planteados está reducir el Senado de 128 a 96 integrantes, eliminando los escaños de representación proporcional. En la Cámara de Diputados se mantendrían 500 curules, pero cambiaría la fórmula para asignar 200 de ellas. También se contempla recortar en 25% el financiamiento público al Instituto Nacional Electoral y a los partidos.
Traducido a lenguaje simple: habría menos dinero para organizar elecciones y menos espacios legislativos asignados por listas plurinominales. Para el oficialismo, esto puede representar austeridad y simplificación. Para la oposición, es un riesgo de concentración de poder y posible sobrerrepresentación del partido gobernante.
Otro punto sensible es el Instituto Nacional Electoral. Reducir su presupuesto, advierte el PAN, podría afectar tareas básicas como el conteo de votos y la fiscalización del gasto en campañas. Además, la propuesta plantea eliminar el PREP y comenzar los cómputos oficiales el mismo día de la elección. Aunque la idea suena a mayor rapidez, los críticos temen que sin un sistema preliminar como el actual se pierda una herramienta de transparencia inmediata.
Anaya también señaló que, hasta ahora, los partidos no han tenido acceso al documento completo, sino solo a presentaciones resumidas. Eso, dijo, dificulta un análisis serio. En política legislativa, el detalle importa: una palabra puede cambiar el sentido de una norma.
En términos de números, Morena no tiene por sí solo la mayoría calificada para modificar la Constitución. Necesita a sus aliados, el PT y el PVEM. Sin ellos, la reforma no pasa. Y según Anaya, hay reservas dentro de esos partidos, sobre todo en lo relacionado con la reducción del financiamiento público.
En paralelo, el senador adelantó que el PAN exigirá que el Senado emita la declaratoria de constitucionalidad de una reforma al artículo 123 que fija un salario mínimo de al menos 18 mil pesos mensuales para maestras, maestros, personal de salud y fuerzas de seguridad. Aunque ya fue aprobada por el Congreso y congresos locales, aún no se ha formalizado su entrada en vigor. Para Acción Nacional, ese pendiente debe resolverse antes de abrir nuevos frentes.
Lo que se viene en el Senado no será una discusión menor. Se trata de reglas electorales, financiamiento, integración del Congreso y equilibrio institucional. En pocas palabras, de cómo se va a competir por el poder en los próximos años. Y en ese terreno, nadie quiere quedarse sin voz.