El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que plantea imponer hasta nueve años de prisión a quien elabore o difunda imágenes y videos sexuales de personas menores de 18 años, aun cuando el material haya sido creado con inteligencia artificial o mediante manipulación digital. La propuesta fue presentada el 26 de febrero por la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, integrante del Partido Acción Nacional (PAN).
La reforma contempla modificar el Artículo 181 Quintus del Código Penal para el Distrito Federal, con el fin de equiparar la creación de imágenes sexuales simuladas de menores al delito agravado contra la intimidad sexual. De aprobarse, también se sancionaría con la misma pena a quien difunda este tipo de contenido dentro del entorno escolar de la víctima, al considerarse una forma extrema de violencia que puede derivar en afectaciones psicológicas y abandono escolar.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el marco jurídico vigente no ha evolucionado al ritmo de la tecnología, lo que —afirmó— ha generado vacíos legales aprovechados por agresores. “Lo que no se tipifica con claridad, no se persigue con eficacia”, expresó ante el pleno, de acuerdo con información oficial del órgano legislativo capitalino.
Álvarez Soto expuso que, en el primer trimestre de 2025, los casos de trata vinculados con abuso sexual infantil representaron el 86 por ciento de los reportes clasificados como trata de personas, y que el 62 por ciento correspondió a pornografía infantil. Indicó que las principales víctimas son adolescentes de entre 16 y 17 años (44 por ciento), seguidos por menores de 12 a 15 años (41 por ciento), e incluso se han documentado casos de niñas y niños de seis años.
La diputada advirtió que muchas de las conductas delictivas se originan en plataformas digitales de uso cotidiano como Facebook, Instagram y WhatsApp, donde los menores pueden ser enganchados mediante juegos, retos o supuestas bromas que derivan en la creación o circulación de imágenes manipuladas.
Además de endurecer las sanciones, la propuesta plantea actualizar protocolos de actuación, fortalecer la capacitación de policías cibernéticos y peritos en materia digital, así como emitir lineamientos técnicos para la acreditación de pruebas electrónicas. También prevé campañas permanentes de prevención en planteles educativos para alertar a niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y eventual dictaminación. De avanzar en el proceso legislativo, la reforma buscaría cerrar lagunas normativas frente al uso de inteligencia artificial en la generación de contenido sexual que vulnere la intimidad y el desarrollo integral de menores de edad, en un contexto donde las autoridades reconocen el incremento de delitos cometidos en entornos digitales.