Por Juan Pablo Ojeda
El choque político volvió a colocarse en el terreno judicial. El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo total al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara el amparo que lo protegía desde 2021.
Para entender el momento: la Corte dejó vigente la orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No lo declaró culpable, pero sí determinó que la orden cumple con los requisitos legales para mantenerse activa.
El PAN reaccionó de inmediato. En un comunicado, calificó el proceso como una “persecución política” y sostuvo que el caso ya estaba concluido. Argumentó que otras dos personas implicadas originalmente fueron absueltas, lo que —según el partido— demostraría la debilidad de las acusaciones. Además, advirtió que la reapertura del caso sería una represalia por denuncias de corrupción hechas contra el oficialismo.
Desde la Corte, la explicación fue técnica. La ministra Lenia Batres, autora del proyecto aprobado por unanimidad, aclaró que el análisis se centró exclusivamente en la legalidad de la orden de aprehensión conforme al artículo 16 constitucional. Es decir, en esta etapa basta con que existan datos iniciales que indiquen la probable comisión de un delito; no se exigen pruebas definitivas ni un juicio de fondo. La responsabilidad penal, subrayó, solo podrá determinarse en el proceso judicial correspondiente.
En términos sencillos: la Corte no está diciendo que sea culpable, sino que existen elementos suficientes para que enfrente el proceso ante un juez.
Por su parte, García Cabeza de Vaca respondió con un mensaje en redes sociales donde insistió en que es víctima de una persecución política. Aseguró que las acusaciones están relacionadas con sus denuncias contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con señalamientos sobre presuntas redes de corrupción vinculadas al llamado “huachicol fiscal”. También cuestionó el contexto político del fallo y lo relacionó con la discusión nacional sobre la reforma judicial.
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada en diciembre de 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por legisladores de Morena, quienes lo señalaron por delitos como delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos.
Más allá del debate partidista, el fondo del asunto tiene implicaciones institucionales. Por un lado, está el principio de presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada. Por otro, la facultad del Estado para investigar y procesar posibles delitos graves. El choque entre ambas narrativas —persecución política o aplicación estricta de la ley— marcará el tono del proceso.
Lo que sigue es jurídico, no mediático: si la orden se ejecuta, el caso deberá ventilarse ante un juez de control, donde se presentarán pruebas y argumentos. Ahí, y no en comunicados o videos, se definirá el rumbo legal del exmandatario.