El decreto avalado por el Congreso de la Unión modifica disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para establecer una disminución progresiva de la jornada semanal sin reducción salarial ni de prestaciones. De acuerdo con el dictamen aprobado, el ajuste será escalonado: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030.
Según lo expuesto en tribuna por legisladores de la mayoría, el objetivo es armonizar el marco laboral mexicano con estándares internacionales y avanzar hacia mejores condiciones de conciliación entre vida laboral y personal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha señalado que la reforma busca elevar la productividad mediante esquemas organizativos más eficientes, descartando afectaciones salariales.
No obstante, uno de los principales puntos de debate es que la reforma no establece explícitamente un esquema obligatorio de cinco días de trabajo por dos de descanso (5×2). El texto aprobado permite que los empleadores distribuyan las horas conforme a las necesidades operativas, siempre dentro del límite semanal vigente en cada etapa de implementación. Para críticos de la medida, esta flexibilidad podría derivar en jornadas concentradas y menor descanso efectivo.
Otro aspecto controvertido es la ampliación del límite de horas extras permitidas, que pasa de 9 a 12 semanales, con posibilidad de laborar hasta cuatro horas adicionales en cuatro días distintos, pagadas al 100% adicional. Legisladores de oposición —principalmente de Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano— calificaron la medida como una “simulación”, al considerar que incentiva la prolongación de la jornada bajo un esquema legal.
En el ámbito empresarial, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la transición podría representar incrementos anuales de costos laborales de hasta 5%, con riesgos de ajustes en plantillas, aumento de precios o migración hacia esquemas informales. El organismo también señaló que la reforma llega en un contexto de baja productividad y desaceleración económica.
Especialistas en derecho laboral han subrayado que la reforma no modifica de manera estructural la situación de trabajadores en la informalidad, por honorarios o bajo esquemas de subcontratación permitidos por la legislación vigente. Tampoco establece mecanismos adicionales de inspección o vigilancia que garanticen el cumplimiento efectivo de los nuevos límites, lo que, advierten, podría acentuar desequilibrios entre empleadores y empleados.
Organizaciones sindicales independientes han convocado a movilizaciones y foros de análisis, argumentando que la reducción gradual hasta 2030 diluye el impacto inmediato en la calidad de vida de los trabajadores. Sostienen que, sin reglas claras sobre días de descanso obligatorios, la reforma podría traducirse en reorganizaciones internas que mantengan cargas laborales similares a las actuales.
Aunque la reducción de la jornada representa un cambio estructural relevante en el marco laboral mexicano, su implementación y efectos reales dependerán de la reglamentación secundaria, la supervisión de autoridades laborales y la capacidad de negociación colectiva en los centros de trabajo. El debate, tanto político como económico, anticipa que el tema seguirá presente en la agenda pública durante los próximos años.