A la hora de echar los números, las cuentas del gran capitán tienen que cuadrar al centavo. La reciente obra literaria de Julio Scherer ha puesto sobre la mesa un supuesto despilfarro en el caso de los ex electricistas, pero los registros hacendarios cuentan una historia opuesta.

El meollo del asunto financiero gira en torno al origen de los recursos para pagar las compensaciones. El libro sostiene la hipótesis de un gasto sin freno, una aseveración que se desinfla rápidamente al revisar las letras chiquitas del decreto presidencial publicado para este fin.

La inconsistencia más grave de la publicación es que pasa por alto la regla de oro impuesta en el documento normativo. El texto legal mandataba que todo desembolso debía salir única y exclusivamente del cajón presupuestal que el Indep ya tenía autorizado para su ejercicio corriente.

En plata pura, esto significa que la narrativa del derroche carece de sustento contable en los libros blancos. El gobierno federal no pasó la charola a otras dependencias, no adquirió nueva deuda y el decreto prohibió tajantemente la autorización de partidas extraordinarias para este concepto.

Resulta llamativo para los observadores de la administración pública que un texto de esta naturaleza presente semejante omisión técnica. Al ignorar el candado financiero dictado por la ley, el autor dibuja un boquete en las arcas nacionales que, en los hechos documentados, jamás existió.

Este tipo de saltos argumentativos terminan por distorsionar la comprensión del gasto público. Durante años, el costo de la extinción de LyFC pendió como espada de Damocles sobre la metrópoli, pero la solución implementada operó bajo un esquema de austeridad que la obra decide soslayar.

Quienes le siguen la pista al dinero en la Ciudad de México saben que mover partidas presupuestales siempre deja rastro. Al no existir transferencias extraordinarias desde el Congreso para fondear este fideicomiso social, la tesis del despilfarro gubernamental se queda sin gasolina probatoria.

Para la ciudadanía que exige transparencia, el contraste es sumamente revelador. La dependencia encargada tuvo que hacer maravillas con su propio presupuesto para saldar una deuda histórica, una reingeniería administrativa que no encontró espacio en los capítulos del libro.

Al cierre del día, los números fríos siguen desmintiendo las versiones literarias. La acusación de un gasto clientelar choca de frente contra un presupuesto inamovible, dejando en evidencia una falta de rigor analítico en la argumentación central de la obra.

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