Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen más imágenes del operativo realizado el domingo 22 de febrero, en el que fuerzas del Ejército y la Marina enfrentaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Sin embargo, dejó claro que parte de ese material debe mantenerse bajo resguardo por razones de seguridad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Gabinete de Seguridad ya dio a conocer lo que públicamente se puede informar sobre el operativo. Recordó que incluso se mostraron imágenes de un helicóptero que recibió impactos durante el enfrentamiento. No obstante, subrayó que existen otros registros visuales que no pueden difundirse porque podrían poner en riesgo a los elementos que participaron en la acción.
El mensaje tiene una doble lectura. Por un lado, el gobierno busca transparencia sobre un operativo de alto impacto; por otro, delimita hasta dónde puede hacerse pública la información sin comprometer la integridad de las Fuerzas Armadas. En temas de seguridad nacional, la difusión de imágenes puede revelar tácticas, identidades o ubicaciones sensibles.
En la misma conferencia, Sheinbaum señaló que no cuenta con información sobre si los restos de Oseguera Cervantes ya fueron reclamados por familiares. Indicó que esa información corresponde a la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, instancia responsable de los procedimientos legales posteriores al fallecimiento.
El operativo del domingo marcó un punto clave en la estrategia de seguridad federal. El CJNG, fundado en 2009 y liderado por El Mencho hasta su muerte, se consolidó como una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial y capacidad operativa en el país. Su desarticulación, o al menos el golpe a su liderazgo, representa un movimiento relevante dentro de la política de combate al crimen organizado.
Sin embargo, el desafío no termina con la caída de un líder. En términos de política pública, el gobierno enfrenta ahora el reto de contener posibles reacomodos internos, evitar escaladas de violencia y sostener la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.
El énfasis de la presidenta en el resguardo de imágenes deja ver que, más allá del impacto mediático, la prioridad oficial es proteger a los elementos que participaron y mantener control sobre información sensible. Transparencia sí, pero con límites cuando se trata de seguridad nacional.