En un encuentro que dejó a más de uno con el ojo cuadrado, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, midieron fuerzas este viernes en un ejercicio de rendición de cuentas. El escenario fue el foro en vivo “Cara a cara: Next Energy”, organizado por el periódico El Norte y moderado por Jorge Meléndez, donde se diseccionó el controversial contrato de suministro eléctrico firmado en el año 2020.
El centro del debate es un acuerdo proyectado originalmente a 30 años, cuyo monto estimado ha sido señalado en 7 mil 370 millones de pesos. Mientras Colosio Riojas sostiene que dicho pacto virtualmente hipotecó las finanzas de la capital neoleonesa, De la Garza argumentó, con documentos físicos sobre la mesa, que su gestión aplicó las penalizaciones correspondientes en tiempo y forma para proteger las arcas públicas ante la falta de cumplimiento de la empresa.
Haciendo gala del colmillo que otorga la administración pública, el actual edil regiomontano desestimó las críticas, calificándolas de un ataque sistemático. Aclaró que la búsqueda de energías limpias y la subcontratación para obtener ahorros tarifarios no es una ocurrencia local, sino una práctica institucional validada que ya operaba en Monterrey mediante procesos formales de Licitación Pública Nacional.
Para echar por tierra las acusaciones de omisión, De la Garza puso los números sobre la mesa. Reveló que durante la primera etapa del proyecto se le pagaron 54 millones de pesos al proveedor, pero tras los primeros tropiezos y la falta de entrega, el municipio logró ejecutar las garantías que le devolvieron 174 millones en sanciones a la ciudad. «Es muy importante leer los contratos bien y no sacar una interpretación a la ligera», asestó el alcalde.
El priista no soltó el micrófono sin antes recalcar que el incumplimiento de Next Energy, derivado en parte por la falta de permisos federales, ocurrió doce meses después de la firma del convenio. Subrayó que, lejos de quedarse de brazos cruzados, se activaron de inmediato los mecanismos jurídicos que el mismo documento preveía para castigar a la corporación.
En medio del estira y afloja, el debate subió de tono cuando se abordó el estatus de las propiedades involucradas en la licitación. De la Garza soltó una noticia de peso para dar certeza a los contribuyentes: el famoso terreno ubicado en el municipio de Cerralvo, donde se edificaría el parque fotovoltaico, ya fue recuperado en su totalidad y hoy cuenta con escrituras legales a favor del Ayuntamiento regiomontano.
El intercambio evidenció dos visiones diametralmente opuestas sobre el manejo de crisis gubernamentales. Mientras De la Garza defendió la solidez de las cláusulas de salida que ampararon a la ciudad, cuestionó que la administración emecista posterior optara por renegociar las condiciones del trato, perdonando sanciones a una empresa que hoy se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades judiciales en otros estados de la República.
A lo largo de la transmisión, el llamado a la precisión jurídica fue una constante irrenunciable. El alcalde insistió en que el senador se fue con la finta al hacer una lectura incompleta del expediente original. Recalcó que la atención debe centrarse en hacer valer las bases de los contratos en lugar de litigar el asunto mediante interpretaciones parciales que confunden a la ciudadanía.
Al final de la jornada, la mesa de análisis dejó una reflexión profunda sobre los procesos institucionales. Más allá del pleito de lavadero político, los panelistas coincidieron indirectamente en que la única forma de salvaguardar el erario es mediante el estricto cumplimiento del Estado de derecho. Para los ciudadanos, queda la tarea de exigir transparencia total en megaproyectos que comprometen el futuro de la metrópoli.