Por Bruno Cortés
En el Congreso, donde cada palabra suele pesar más de lo que parece, Ricardo Monreal Ávila volvió a poner sobre la mesa un tema que divide opiniones pero que ya forma parte del diseño institucional del país: la revocación de mandato. El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política fue claro: esta figura “tiene que practicarse y mantenerse”, porque representa democracia directa.
¿Y qué significa eso en términos sencillos? La revocación de mandato es un mecanismo que permite a la ciudadanía decidir, a mitad del camino, si un gobernante debe continuar o no en el cargo. Es como una evaluación popular anticipada. En vez de esperar seis años para cambiar a un presidente o a un gobernador mediante elecciones ordinarias, se abre la posibilidad de preguntar antes si debe seguir.
Monreal explicó que, por ahora, la Constitución establece que este ejercicio se realice un año después de la elección federal correspondiente. En el calendario actual, eso lo colocaría en 2028. Sin embargo, ha surgido la discusión sobre mover la fecha a 2027. Y ahí entra la parte técnica: para cambiar el momento en que se realiza la consulta, no basta con un acuerdo político; se requiere modificar la Constitución, lo que implica mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
En otras palabras, no es un trámite sencillo ni rápido. Es un proceso legislativo complejo que requiere consensos amplios. Y ahí es donde la política se vuelve negociación pura.
Al ser cuestionado sobre presuntas irregularidades en la reciente revocación de mandato del gobernador de Oaxaca —señalamientos que ha hecho el Partido del Trabajo—, Monreal optó por un mensaje institucional. Más allá de las críticas puntuales, sostuvo que es un ejercicio al que el país debe acostumbrarse. La idea de fondo es que, como cualquier herramienta democrática, necesita práctica, reglas claras y participación ciudadana para consolidarse.
Para quienes no están metidos en el mundo legislativo, la discusión tiene implicaciones prácticas. Organizar una revocación de mandato cuesta dinero público, moviliza al aparato electoral y puede generar tensión política. Pero también puede fortalecer la rendición de cuentas si la ciudadanía participa de manera informada y masiva. Si la participación es baja, el ejercicio pierde fuerza política y legitimidad.
En términos de políticas públicas, la revocación de mandato forma parte de una tendencia global hacia mecanismos de democracia directa, donde la ciudadanía no solo elige, sino que también evalúa en el camino. El reto está en que no se convierta en una herramienta de desgaste político permanente, sino en un instrumento real de control ciudadano.
Desde la Junta de Coordinación Política, Monreal juega un papel clave porque es uno de los principales operadores legislativos del país. Si hay cambios constitucionales en puerta, pasarán inevitablemente por su escritorio y por la capacidad de su bancada para construir mayorías.
El debate apenas comienza, pero deja claro que la revocación de mandato ya no es una figura excepcional, sino parte del nuevo engranaje democrático mexicano. Y como todo mecanismo nuevo, su consolidación dependerá menos del discurso y más de cómo se aplique en la práctica.