Por Bruno Cortés
En la antesala de una posible reforma electoral en el Congreso, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, puso sobre la mesa una propuesta que sacude el tablero político: que el voto en México sea universal y obligatorio, y que además puedan participar jóvenes desde los 16 años.
Dicho en palabras sencillas, lo que plantea es esto: si todos estamos obligados a cumplir la ley, pagar impuestos y asumir responsabilidades, también deberíamos estar obligados a participar en la decisión más básica de una democracia, que es elegir a quienes gobiernan. Ortega argumenta que hoy el voto no es obligatorio y eso provoca que en algunos estados apenas participe el 37 por ciento del padrón. Con esos números, dice, puede ganar alguien que en realidad tenga más personas en contra que a favor, simplemente porque la mayoría decidió no salir a votar.
Pone como ejemplo a Yucatán, donde la participación ronda el 77 por ciento, pero reconoce que no es lo común. En la mayoría de las entidades, la asistencia a las urnas se mueve entre el 37 y el 50 por ciento. Para ella, hacer obligatorio el voto no solo aumentaría la participación, sino que daría mayor legitimidad a quien resulte electo, porque reflejaría la voluntad real de la mayoría de quienes viven en el país. Incluso plantea que debería haber algún tipo de sanción para quien no acuda a votar, como ocurre en otras naciones.
Otro punto que propone es que los jóvenes de 16 años puedan votar. Su lógica es directa: si a esa edad ya existe responsabilidad penal, también debería existir el derecho de elegir autoridades. Es un debate que toca fibras sensibles, porque implica redefinir cuándo empieza la ciudadanía plena en términos políticos.
Sobre la reforma electoral que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, especialmente en lo referente a reducir el costo de las elecciones, Ortega pide cautela. Señala que mientras no exista una iniciativa formal en el Congreso, todo lo que se diga son hipótesis, incluso si viene desde la conferencia matutina presidencial. En política, el papel manda, y hasta que no haya documento, no hay discusión formal.
También defendió la figura de los legisladores plurinominales. Para muchos ciudadanos, estas posiciones suelen verse como privilegios partidistas, pero Ortega recuerda que fueron el mecanismo que permitió a fuerzas minoritarias tener voz en el Congreso. Quitarlos, advierte, sería dejar sin representación a sectores que no siempre ganan en las urnas por mayoría directa.
En materia laboral, mostró preocupación por la reforma que reduce la jornada a 40 horas semanales. Aunque adelantó que su partido votará a favor de que quede establecida en la Constitución, considera que tal como está planteada no necesariamente beneficia al trabajador. Argumenta que reducir dos horas distribuidas en la semana puede traducirse en apenas minutos diarios, sin garantizar un segundo día de descanso obligatorio. Desde su perspectiva, el verdadero cambio estructural sería asegurar dos días libres y evitar abusos en el esquema de horas extra, que suelen afectar más a quienes ganan salario mínimo.
Finalmente, al hablar sobre el brote de sarampión, advirtió que hay módulos de vacunación sin biológicos disponibles, lo que calificó como una irresponsabilidad que puede costar vidas. Por ello, pidió que comparezca el titular de la Secretaría de Salud ante el Congreso para explicar la situación y rendir cuentas.
En pocas palabras, lo que está haciendo Ivonne Ortega es abrir varios frentes al mismo tiempo: participación ciudadana, representación política, derechos laborales y salud pública. Temas que suenan técnicos, pero que en realidad impactan la vida diaria de millones de personas, desde el joven que votaría por primera vez a los 16, hasta el trabajador que espera un mejor equilibrio entre empleo y familia.