Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México activó la vía diplomática para intentar llevar de vuelta al país al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición, luego de que un juez federal le negara un amparo con el que buscaba frenar su captura.
La petición se formalizó ante la Embajada estadounidense y fue notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano resolvió no conceder protección judicial ni al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.
Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con reportes oficiales, existe una orden de captura emitida en octubre de 2022 y otra en febrero de 2024. Ambas siguen activas mientras se desarrollan los recursos legales promovidos por su defensa.
El trámite fue impulsado por la Fiscalía General de la República, que solicitó avanzar por la vía diplomática con base en las órdenes judiciales vigentes. En paralelo, la primera orden continúa bajo revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que añade un componente jurídico de alto nivel al caso.
El exgobernador se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por autoridades mexicanas. Según versiones periodísticas, reside en Estados Unidos, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente si autoridades estadounidenses han iniciado un proceso para detenerlo o evaluar su entrega.
En 2025, la defensa de Cabeza de Vaca aseguró que la ficha roja de Interpol fue retirada, mientras que la Fiscalía sostuvo que únicamente fue suspendida de manera temporal por resoluciones judiciales. Este lunes, sus abogados reiteraron en un comunicado que cuentan con protección legal contra su arresto y anunciaron que impugnarán la decisión más reciente ante un tribunal superior.
El caso combina elementos políticos y jurídicos. No solo involucra delitos de alto impacto, sino que también pone a prueba la coordinación entre México y Estados Unidos en materia de extradición. Ahora la decisión dependerá de las autoridades estadounidenses y del avance de los recursos legales en tribunales mexicanos.