En febrero de 2026, la nueva sentencia relacionada con el Amparo Indirecto 694/2024 obliga a las autoridades capitalinas a publicar análisis de laboratorio, detallar los compuestos químicos identificados y ejecutar acciones de remediación en infraestructura hídrica y redes domiciliarias de la zona norponiente.
El conflicto comenzó en marzo de 2024, cuando habitantes reportaron olor a gasolina en el agua. Las primeras investigaciones apuntaron al pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, posteriormente clausurado. Estudios practicados en cientos de viviendas detectaron sustancias derivadas del petróleo.
En resoluciones previas, jueces federales ya habían ordenado transparentar información y coordinar acciones con Petróleos Mexicanos, ante la posible presencia de compuestos relacionados con combustibles.
La nueva determinación judicial no sólo exige abrir los datos al escrutinio público, sino garantizar que el suministro cumpla con estándares de potabilidad, reforzando el derecho ciudadano al acceso a agua segura y a información ambiental clara.