Por Bruno Cortés
En el Congreso ya empezó a moverse una de las reformas laborales más esperadas por millones de trabajadores: bajar la jornada semanal de 48 a 40 horas. Y en medio del debate, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro, salió a fijar postura con un mensaje claro: su bancada va con la reducción, pero no sin ajustes.
Dicho en palabras sencillas, la propuesta busca que trabajemos menos horas por semana sin que eso signifique perder salario. En teoría suena directo: pasar de seis días laborales largos a esquemas más equilibrados. Pero en la práctica, implica reorganizar turnos, costos empresariales y hasta la manera en que operan fábricas, comercios y oficinas.
Moreira dice que el PRI está a favor de las 40 horas lo antes posible, pero propone dos candados importantes. Primero, que la aplicación sea inmediata para las grandes empresas, que —según su argumento— tienen más margen financiero para absorber el cambio. Segundo, que se otorguen estímulos fiscales a pequeños y muy pequeños empresarios, es decir, apoyos desde el gobierno para que no se les dispare la nómina ni se vean obligados a recortar personal o subir precios.
En otras palabras, el diputado plantea que no es lo mismo pedirle el ajuste a una corporación internacional que a una tienda familiar con cinco empleados. Si el Estado quiere reducir la jornada, tendría que acompañar a los negocios más frágiles para evitar un efecto dominó en la economía local.
Además, el legislador insistió en que deben garantizarse dos días de descanso obligatorios. Aquí entra el jaloneo político: acusa que Morena busca aplicar la reforma de manera gradual, es decir, ir bajando horas poco a poco en varios años. Para el PRI, eso diluye el impacto y retrasa el beneficio para los trabajadores.
El debate de fondo no es menor. Reducir la jornada toca directamente la productividad, los costos laborales, la competitividad y el ingreso familiar. Países que han avanzado hacia esquemas de menos horas lo han hecho con ajustes fiscales, incentivos o reorganización tecnológica. En México, la pregunta es quién absorbe el costo de la transición y cómo evitar que la medida termine afectando empleo o informalidad.
Pero la agenda de Moreira no se quedó en lo laboral. También abordó el hallazgo de cuerpos de mineros que trabajaban para la empresa Vizsla Silver Corp en Sinaloa. Calificó el hecho como lamentable y señaló que los gobiernos estatales deben actuar de inmediato ante situaciones de esta gravedad. Según su postura, cuando se detectan casos así, tendrían que activarse operativos de rescate y acciones integrales sin demora.
El coordinador priista fue más allá al advertir que la información sobre posibles cuerpos en fosas evidenciaría un subregistro de homicidios y ayudaría a explicar el aumento de personas desaparecidas en el país. Es decir, plantea que las cifras oficiales podrían no reflejar la dimensión real del problema.
Frente a este panorama, enumeró cinco tareas que, desde su visión, deben asumir los gobernadores: depurar y profesionalizar policías municipales y áreas de protección civil con salarios dignos; hacer funcionar los consejos estatales de seguridad con rendición de cuentas real; limitar fuentes de financiamiento del crimen como casinos, carreras de caballos, peleas de gallos y venta indiscriminada de alcohol; fortalecer sistemas de inteligencia local supervisados; y cerrar averiguaciones previas para que los delitos se castiguen.
Así, en un mismo mensaje, Moreira coloca sobre la mesa dos temas que impactan directamente la vida cotidiana: cuánto trabajamos y qué tan seguros estamos. La discusión apenas comienza, pero lo que se decida en el Congreso puede modificar tanto el equilibrio entre trabajo y descanso como la forma en que los estados enfrentan la violencia.