El fenómeno de las personas desaparecidas en México continúa mostrando contrastes significativos entre los informes institucionales y los registros nacionales. El más reciente reporte del RNPDNO contabiliza 131,956 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, con una prevalencia del 60 por ciento de hombres, lo que refleja un crecimiento sostenido del problema en la última década, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
En este contexto, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional en número acumulado de personas desaparecidas, solo por debajo del Estado de México, según el RNPDNO. Esta posición contrasta con el discurso de autoridades locales, que han señalado que la capital del país lidera los esfuerzos de localización en periodos recientes, particularmente bajo la actual administración capitalina.
La FGJCDMX ha informado que mantiene coordinación permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda para depurar y actualizar el RNPDNO, argumentando que una parte importante de los registros vigentes en la capital corresponde a personas que ya fueron localizadas. No obstante, no se ha publicado un informe detallado y actualizado con cifras desagregadas que respalden estas afirmaciones para febrero de 2026, lo que limita la posibilidad de una verificación independiente.
Por su parte, colectivos de madres buscadoras han denunciado de manera reiterada inconsistencias en los registros oficiales. Entre las principales irregularidades señalan casos de personas clasificadas como “localizadas” que continúan sin ser encontradas por sus familias, así como retrasos prolongados en la actualización de bases de datos y errores administrativos que afectan el seguimiento de las investigaciones.
Las organizaciones civiles también han documentado prácticas que consideran preocupantes, como hostigamiento institucional hacia familiares que insisten en la reapertura de expedientes o solicitan aclaraciones sobre el estatus real de sus seres queridos. Estas denuncias han sido expuestas públicamente en comunicados y acompañamientos legales, sin que exista hasta ahora una respuesta institucional sistemática.
La comparación entre fuentes oficiales y ciudadanas evidencia un problema de fondo. Mientras el RNPDNO reporta cifras acumuladas elevadas en entidades como Estado de México (14,718 casos), Tamaulipas (13,657) y Jalisco (12,768), la información sobre la Ciudad de México presenta actualizaciones pendientes y posibles borrados prematuros, según han señalado especialistas y colectivos.
Estas discrepancias se insertan en una tendencia nacional alarmante: un aumento del 213 por ciento en los reportes de personas desaparecidas en la última década, al pasar de 4,114 casos en 2015 a 12,872 nuevos reportes en 2025, de acuerdo con datos del RNPDNO y la Comisión Nacional de Búsqueda. La falta de homologación y transparencia entre registros limita la comprensión real del fenómeno y obstaculiza la rendición de cuentas.
Ante este panorama, especialistas en derechos humanos y organizaciones de víctimas han insistido en la necesidad de informes públicos, verificables y periódicos, así como de una coordinación efectiva entre fiscalías, comisiones de búsqueda y registros nacionales, para garantizar que ninguna persona desaparecida sea invisibilizada por fallas administrativas o políticas.