Por Bruno Cortés
En San Lázaro, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Partido del Trabajo, puso sobre la mesa un tema que rara vez se explica sin tecnicismos: por qué tantos sindicatos de universidades y centros públicos están a punto de irse a huelga. Su mensaje fue directo y político a la vez: si no hay respuesta a las demandas laborales, el conflicto no solo es inevitable, es justo.
Ortiz Rodríguez explicó que las y los trabajadores de la educación superior y de otras instituciones públicas enfrentan una combinación peligrosa: salarios que no alcanzan, presupuestos que no se ejercen o se usan mal, y contratos colectivos que se incumplen. Dicho en corto, trabajan más, ganan menos y pierden derechos que antes tenían garantizados. Desde la tribuna, el diputado expresó su respaldo a sindicatos universitarios y de otros sectores, y aseguró que no se quedará en el discurso: presentará puntos de acuerdo, impulsará reformas y acompañará a las y los trabajadores en mesas de negociación e incluso en movilizaciones.
Para entender el fondo del problema, basta escuchar a los propios sindicatos. José Cruz, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, explicó que el salario real se ha ido erosionando año con año, mientras aumentan las cargas laborales y se normaliza la precarización. En el caso de la UAM, el emplazamiento a huelga para 2026 responde a tres razones claras: revisión salarial, revisión contractual y violaciones sistemáticas al contrato colectivo, lo que afecta directamente la estabilidad y la dignidad de quienes sostienen la universidad pública.
Otros sindicatos coincidieron en que no se trata de caprichos ni de presión política gratuita. Roberto Ramírez, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, señaló que la lucha es colectiva y busca evitar la fragmentación sindical, porque dividir a las y los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura debilita al país entero. Anunció que su gremio también presentará emplazamiento a huelga ante la falta de una propuesta económica seria tras meses de negociación.
Desde Chapingo, Mayra Venegas puso cifras al problema: los niveles más bajos del tabulador salarial siguen por debajo del salario mínimo, por lo que exigen un incremento directo del 20 por ciento. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Jorge Salgado habló de una demanda del 13 por ciento para frenar la pérdida de poder adquisitivo y los abusos contractuales. Y en el Monte de Piedad, Liliana Martínez recordó que ya viven una huelga nacional desde hace meses por recortes de derechos básicos como tiempos de comida, jubilaciones y aportaciones al IMSS e Infonavit.
El común denominador es claro: sin recursos suficientes, sin respeto a los contratos colectivos y sin voluntad política, la universidad pública y las instituciones sociales se sostienen sobre trabajo precarizado. Para el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, acompañar estas luchas no es solo un gesto de solidaridad, sino una forma de presionar para que el presupuesto público cumpla su función social y deje de castigar a quienes mantienen en pie a la educación, la ciencia y los servicios públicos del país.