Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Nuevo León continuará funcionando con el presupuesto estatal aprobado para 2025, luego de que el Congreso local no lograra un acuerdo para autorizar un nuevo paquete fiscal. La mandataria explicó que este escenario está previsto en la ley y se activa automáticamente cuando no existe consenso legislativo.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum señaló que la responsabilidad de aprobar los presupuestos recae exclusivamente en los congresos estatales y, en el ámbito federal, en la Cámara de Diputados. Cuando esa aprobación no se concreta, las administraciones públicas deben seguir operando con el presupuesto previamente autorizado, tanto en su monto como en su distribución.
“No hay acuerdo en el Congreso de Nuevo León para la aprobación del presupuesto; cuando no hay uno nuevo, se sigue trabajando con el anterior”, puntualizó la presidenta, al subrayar que esto no significa que el estado se quede sin recursos.
La jefa del Ejecutivo federal aclaró que este mecanismo busca garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar una parálisis administrativa. Bajo este esquema, el gobierno estatal puede cumplir con sus compromisos ordinarios, aunque enfrenta limitaciones para iniciar nuevos programas o ampliar proyectos que no estaban contemplados en la planeación original.
Al ser cuestionada sobre el posible impacto de esta situación en las obras y proyectos vinculados al Mundial de Futbol, del cual Nuevo León será una de las sedes, Sheinbaum señaló que se trata de un asunto que corresponde al ámbito estatal. “No es que se quede sin presupuesto el estado, se trabaja con el modelo anterior”, afirmó, y sugirió que cualquier detalle específico debe ser aclarado por el gobernador Samuel García.
El contexto político en Nuevo León explica en buena medida este escenario. Desde hace varios años, las diferencias entre el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso local han dificultado la construcción de acuerdos, particularmente en materia presupuestal. Aunque este tipo de desacuerdos no es nuevo, la legislación contempla mecanismos para asegurar la continuidad financiera de las entidades mientras se resuelven los conflictos políticos.
Especialistas en finanzas públicas advierten que operar con un presupuesto anterior permite mantener en marcha la administración y los servicios esenciales, pero puede frenar proyectos estratégicos o nuevas inversiones. En el caso de Nuevo León, el reto será equilibrar esta restricción con las demandas de infraestructura y planeación que implica ser sede de un evento internacional.
Por ahora, el gobierno estatal deberá administrar los recursos conforme a la distribución vigente, en espera de que el Congreso local alcance un acuerdo que permita aprobar un nuevo presupuesto. Mientras tanto, el tema seguirá siendo un punto central del debate político y económico en la entidad.