Por Bruno Cortés
En San Lázaro se está cocinando una discusión que toca una de las heridas más profundas del país: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, puso el tema sobre la mesa al informar que las dos iniciativas que presentó para tipificar este delito ya fueron enviadas a la Comisión de Justicia, porque implican cambios directos al Código Penal Federal. La idea, dice, es clara: que a partir de enero de 2026 México tenga una figura legal específica para castigar a quienes obligan, engañan o presionan a jóvenes —muchos de ellos menores de edad— a formar parte de organizaciones criminales.
Explicado en sencillo, lo que hoy pasa es que muchos grupos delictivos “jalan” a chavos con promesas falsas de trabajo, mensajes en redes sociales o supuestas oportunidades bien pagadas. Una vez dentro, ya no hay salida: los obligan a cometer delitos. El problema, señala Mejía Berdeja, es que este fenómeno no encaja del todo en delitos ya existentes como la trata de personas o la corrupción de menores, y ahí es donde se cuelan los vacíos legales que permiten a los criminales evadir la justicia.
Por eso insiste en que el reclutamiento forzado debe tener nombre y apellido en la ley, con penas severas y sin beneficios para los delincuentes, al nivel de delitos como la extorsión o el secuestro. La lógica es simple: si no se tipifica de manera clara, los criminales siempre encontrarán la forma de “darle la vuelta” a la ley. Según el diputado, hay voluntad política en la Comisión de Justicia y coincidencias entre distintas fuerzas políticas para sacar adelante este nuevo tipo penal, aunque reconoce que existen resistencias, sobre todo desde algunas fiscalías que tendrían que asumir más responsabilidades.
El planteamiento va más allá del castigo. Mejía Berdeja habla de cerrar “las rendijas” por donde hoy se cuelan los grupos criminales y de fortalecer las capacidades de las fiscalías para investigar y sancionar estos casos. En el fondo, se trata de mandar un mensaje: el uso sistemático de jóvenes por parte del crimen organizado no puede seguir normalizándose.
En otro frente igual de sensible, el legislador retomó el tema de la extorsión, un delito que se agudiza en temporadas como las fiestas decembrinas, cuando personas migrantes regresan al país y se vuelven blanco fácil de abusos. Recordó que la nueva ley antiextorsión contempla penas de hasta 42 años de prisión para elementos de seguridad pública que incurran en este delito, sin importar si son policías municipales, estatales o federales. Aquí el mensaje es directo: no hay espacio para la impunidad y la denuncia ciudadana es clave, incluso de manera anónima a través del 089.
La agenda que trae Mejía Berdeja también toca temas del día a día que impactan el bolsillo y la vida laboral de millones. Sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, considera que es necesario revisar los tiempos para adelantar su implementación, más allá del esquema gradual planteado desde el Ejecutivo. Confía en que, como ha pasado con otras reformas, el diálogo y la negociación legislativa permitan mejorar las propuestas originales.
Algo similar ocurre con la discusión sobre el buró de crédito. El diputado cuestiona que personas que ya pagaron sus deudas sigan cargando con un estigma que les cierra el acceso al crédito formal, empujándolas muchas veces hacia prestamistas informales y abusivos. La propuesta, dice, no es premiar el no pago, sino quitar esa “letra escarlata” a quienes ya cumplieron, especialmente a quienes se vieron afectados económicamente durante la pandemia.
También adelantó que pedirá revisar la aplicación real de la llamada “Ley Silla”, para garantizar condiciones laborales más dignas, y abrió el debate sobre los sobrecostos que enfrentan los consumidores, como el cobro de bolsas en comercios, una medida que nació con un fin ambiental pero que, en la práctica, se ha convertido en un negocio extra a costa del cliente.
Finalmente, con una mirada más amplia, Mejía Berdeja reflexionó sobre el avance de la derecha y la ultraderecha en América Latina. Desde su perspectiva, estos resultados obligan a los movimientos progresistas a hacer una revisión interna, sin dramatismos, entendiendo que el voto ciudadano no es eterno y que la gente premia o castiga según los resultados.
En conjunto, el mensaje es que el Congreso no solo discute grandes conceptos, sino decisiones concretas que pueden cambiar la vida de las personas: desde proteger a los jóvenes del crimen organizado hasta aliviar cargas económicas y laborales. La clave, como repite el diputado, es que la voluntad política se traduzca en leyes claras y efectivas.