Por Bruno Cortés
La discusión sobre seguridad casi siempre se concentra en las ciudades, pero esta vez el foco está en el campo mexicano. Diputados del PAN levantaron la voz para respaldar a las defensas rurales, un cuerpo histórico del Ejército formado por campesinos y ejidatarios que, desde hace más de un siglo, ayudan a vigilar regiones alejadas donde la policía casi no llega. El problema es que, tras el anuncio de un receso para sus 26 cuerpos activos, las comunidades temen quedarse sin su primer escudo de protección territorial.
En conferencia de prensa, el diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez recordó que estas guardias rurales no son una figura improvisada: nacieron en 1861, con Benito Juárez, y desde entonces han participado en distintos episodios de defensa del país. Aunque su origen parece distante, su papel sigue siendo muy actual: son quienes conocen las brechas, los caminos difíciles, los ejidos y las comunidades donde el Estado rara vez tiene presencia plena. Por eso, el PAN pide que la Sedena mantenga el diálogo y no deje a las comunidades sin este apoyo.
Los diputados panistas insistieron en que las defensas rurales no son cuerpos armados improvisados ni grupos políticos disfrazados. Al contrario, están integradas por campesinos y ejidatarios que participan de manera voluntaria, sin cobrarle un peso al erario, y con un nivel de arraigo que ningún otro cuerpo de seguridad tiene en zonas alejadas. Según los legisladores, desaparecerlas o suspenderlas sin una alternativa clara es abrir un espacio perfecto para que grupos criminales ocupen el territorio.
El diputado Asael Hernández Cerón, quien además es secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, subrayó que cualquier cambio debe escuchar primero a las comunidades. Dijo que el Congreso no puede tomar decisiones desde la comodidad de San Lázaro mientras los pueblos indígenas y rurales viven “un momento crítico” en materia de seguridad. En pocas palabras: quienes mejor entienden la realidad del campo son quienes lo habitan, y son ellos quienes deben estar sentados en la mesa.
Durante el encuentro, varios integrantes de defensas rurales tomaron la palabra para explicar lo que está en juego. Jonathan Israel Calvillo advirtió que retirar estos cuerpos crearía un “vacío inminente” que actores criminales aprovecharían sin pensarlo dos veces. Lo llamó un error estratégico: estos rurales representan un activo intangible, pero crucial, para la confianza entre Estado y comunidades.
Gustavo Hernández López, representante mixteco de Oaxaca, pidió que las comunidades rurales no sean tratadas como accesorias en la discusión. Recordó que son quienes cuidan bosques, ríos, selvas, zonas arqueológicas y ejidos, y que su seguridad no debería depender de decisiones lejanas. Afirmó que las defensas rurales trabajan desde los lugares más remotos sin costo para el Estado, justamente porque creen en su comunidad y en el país.
Pedro Alejandro Villanueva, de Quintana Roo, aclaró que los defensas rurales forman parte del Ejército Mexicano, y que no buscan tintes partidistas ni protagonismo político. Lo único que piden es seguir apoyando como lo han hecho por décadas, en tareas como el Plan DN-III, donde colaboran durante emergencias, desastres naturales y apoyo social.
Otro integrante, Juan Valera Domínguez, explicó que en el día a día realizan recorridos de vigilancia y disuasión del delito, además de actividades sociales encargadas por la Sedena. Dijo que en muchas regiones ellos son “ojos y oídos” del territorio y que, mientras llega apoyo formal del Ejército, son quienes pueden contener riesgos inmediatos para proteger el patrimonio de las familias rurales.
Para los diputados del PAN, frenar el receso de estos cuerpos o, al menos, abrir un diálogo real con Sedena, es indispensable para no dejar desprotegidas a miles de comunidades. El debate ahora está en la cancha del gobierno federal, pero el mensaje que salió del Congreso es claro: sin presencia del Estado en el territorio rural, la seguridad queda al aire, y eso siempre lo aprovecha alguien más.