Por Juan Pablo Ojeda
La discusión que se abrió en el Congreso gira en torno a un tema que parece muy técnico, pero que toca un nervio sensible: ¿cómo evitar que grupos criminales sigan usando uniformes y equipo táctico prácticamente idéntico al del Estado para engañar, intimidar o cometer delitos? El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del PT, planteó una iniciativa que busca poner candado absoluto a cualquier fabricación, venta o compra de equipamiento táctico-operativo sin permiso directo de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. Y cuando habla de candado, habla de uno bastante pesado: de uno a seis años de prisión más multas fuertes, calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización.
El planteamiento es sencillo de entender desde el día a día: hoy existe un mercado legal y otro más bien gris donde uniformes, chalecos antibalas, cascos tácticos, radios encriptados, vehículos blindados y hasta emblemas se pueden conseguir sin demasiadas preguntas. Ese vacío lo aprovechan grupos criminales para disfrazarse de autoridad y cometer delitos haciéndose pasar por policías, marinos o militares. La iniciativa quiere cortar ese suministro por completo.
La propuesta también incluye un punto clave: solo los integrantes de instituciones de seguridad podrán usar equipamiento oficial y este deberá estar totalmente registrado. Nada de uniformes “similares”, comprados por fuera, ni chalecos “piratas”. Para las empresas y particulares, la orden sería tajante: queda prohibida la fabricación, venta o adquisición de este tipo de equipo si no hay autorización expresa. Y en caso de reincidencia, las penas subirían hasta la mitad.
Detrás de la propuesta hay una preocupación real: la pérdida de confianza. Según la ENSU del Inegi, casi 6 de cada 10 personas consideran insegura la ciudad en la que viven. Y aunque no suena tan mal, apenas la mitad de la gente confía en la policía preventiva municipal. Parte de esa desconfianza nace de historias que ya se volvieron parte del paisaje: ciudadanos que fueron detenidos, extorsionados o agredidos por delincuentes que vestían como policías. Lo que parece un detalle —un uniforme, un chaleco, un radio— termina debilitando la legitimidad del Estado.
El diputado Manzanilla Téllez argumenta que regular este tipo de equipo no es un capricho, sino una forma de ordenar el mercado y cerrar una vía que hoy facilita la usurpación de identidad. En pocas palabras, que si una persona trae chaleco antibalas, radio encriptado y casco táctico, sea porque trabaja para el Estado y ese equipo está registrado, no porque lo compró en una tienda especializada sin mayor supervisión.
La iniciativa ya fue enviada a las comisiones de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, donde se discutirá si estas reglas pueden realmente mejorar la percepción de seguridad o si se necesita un enfoque más amplio. Lo cierto es que la conversación ya está sobre la mesa: recuperar la confianza también implica asegurarse de que nadie pueda jugar a ser policía sin serlo.