Por Bruno Cortés
En San Lázaro volvió a tensarse el ambiente político, esta vez por la voz firme de la diputada Xitlalic Ceja, del PRI, quien pidió al Gobierno Federal dejar los discursos y pasar a las acciones frente a la violencia que azota a Michoacán. El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, no sólo cimbró a la región; abrió de nuevo el debate sobre si la estrategia de seguridad actual realmente está respondiendo o si, como dicen desde la oposición, el Estado ha dejado solos a los municipios.
Ceja habló acompañada de legisladores priistas y del diputado local Guillermo Valencia, también del PRI, quienes insistieron en que la inseguridad en Michoacán no es una fatalidad inevitable, sino el resultado de decisiones —o la falta de ellas— desde el gobierno federal. La diputada fue directa: “Michoacán no cayó por culpa del pasado, cayó por culpa de Morena”, remarcando que la violencia se ha triplicado y que los alcaldes viven prácticamente refugiados entre amenazas, extorsiones y balaceras que ya forman parte del día a día.
Valencia reforzó el argumento recordando que antes existieron operativos específicos —como el Operativo Conjunto Michoacán o el llamado Plan Michoacán— que contaban con recursos extraordinarios y presencia coordinada de distintas fuerzas de seguridad. Hoy, dice, lo que se ha anunciado desde la federación carece de músculo presupuestal y deja a los municipios en condiciones muy frágiles, justo como le pasó al alcalde Manzo. Según explicó, el operativo de protección falló: los 14 elementos de la Guardia Nacional asignados no estaban capacitados para una seguridad perimetral de alto riesgo. Y ese es el punto clave: cuando el Estado no protege, expone.
El asesinato del alcalde, señalaron, no sólo fue un ataque directo a una autoridad municipal; para ellos es la prueba de que la estrategia actual no tiene control territorial ni mecanismos de prevención efectivos. Valencia lamentó que Manzo haya tenido que “pagar con su vida” la insistencia de pedir que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se presentaran en Uruapan para atender de primera mano la crisis. Recordó que él mismo pidió al gobernador y al Gobierno Federal proteger a los alcaldes porque ya eran varios los asesinados. Ahora son siete.
El diputado también criticó lo que llamó una reacción “carroñera” por parte del aparato federal, acusando al gobierno de preocuparse más por el manejo de la imagen del homicidio que por resolverlo. Incluso sugirió que, si García Harfuch quiere comenzar con autoridad su anunciado “Plan Michoacán”, lo primero es detener a responsables de otros crímenes emblemáticos, como el asesinato de Hipólito Mora.
En un señalamiento aún más delicado, pidieron que en la investigación no se descarte la posibilidad de un móvil político. Según ellos, el ataque tuvo características de ejecución extrajudicial y podría haber buscado borrar vínculos comprometedores con los autores intelectuales.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles del país: cómo proteger a quienes gobiernan municipios que viven entre grupos criminales, economías extorsionadas y estructuras policiacas débiles. Y, sobre todo, quién responde cuando la seguridad que debería dar el Estado simplemente no llega.