Por Bruno Cortés
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, no dejó pasar la oportunidad de subrayar lo que considera un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad para uno de los estados más golpeados por la violencia: Michoacán. Desde sus redes sociales, el coordinador de Morena aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa una respuesta oportuna, integral y con sensibilidad social ante la crisis de inseguridad que vive la entidad.
Monreal, uno de los operadores políticos más experimentados de Morena, destacó que esta nueva estrategia no es “más de lo mismo”, sino un plan estructurado con objetivos claros, calendario de evaluación y participación ciudadana, algo que, según dijo, “rompe con la improvisación que caracterizó a los gobiernos anteriores”.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluye 12 ejes de acción y más de 100 medidas programáticas, con un presupuesto de 57 mil millones de pesos. Pero más allá de las cifras, lo que busca —según explicó el diputado— es atacar las causas de la violencia desde la raíz, con una mezcla de inversión social, coordinación institucional y fortalecimiento del Estado de derecho.
Monreal resaltó que la clave está en la voluntad política y la capacidad de escuchar a todos los sectores sociales, desde las comunidades rurales hasta los empresarios, pasando por los colectivos de víctimas. A diferencia de estrategias pasadas, centradas casi exclusivamente en el uso de la fuerza, este plan pretende combinar seguridad con justicia social, lo que implica llevar servicios, empleo y educación a las zonas más olvidadas.
Desde el Congreso, el legislador adelantó que Morena acompañará con respaldo político y presupuestal esta estrategia, al considerar que “la paz no se decreta, se construye con hechos”. Para Monreal, el plan presentado por Sheinbaum marca una diferencia clara con las políticas de los gobiernos del pasado, que —según sus palabras— se caracterizaron por la “demagogia y la superficialidad”, dejando crecer la impunidad y la desigualdad en Michoacán.
En un tono más reflexivo, Monreal recordó que Michoacán ha sido un laboratorio político y social del país, un estado con profundas raíces culturales, pero también con heridas abiertas por años de violencia. De ahí la importancia, dijo, de que el gobierno federal impulse una estrategia que combine desarrollo y justicia con seguridad efectiva.
En el fondo, lo que el legislador plantea es un cambio de paradigma: entender que la paz no se impone con más armas, sino con más oportunidades. El Plan Michoacán no sólo busca reducir delitos, sino reconstruir el tejido social, generar empleo digno, fortalecer la educación y devolver la confianza a las comunidades.
Con ello, Morena apuesta por un modelo que podría replicarse en otras regiones del país. Si funciona, el experimento michoacano podría convertirse en la hoja de ruta de una nueva etapa de políticas públicas en materia de seguridad y justicia en México.