Por Juan Pablo Ojeda
El caso que persigue la presunta red de corrupción ligada a Genaro García Luna sumó un nuevo capítulo en México. Una jueza federal dictó prisión preventiva a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública, acusada por la Fiscalía General de la República de su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión se tomó durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Ahí, la jueza María Jazmín Ambriz determinó que Pedraza Madrid deberá permanecer recluida en el Cefereso número 16, en Morelos, mientras se define si será vinculada a proceso. La medida cautelar se impuso luego de que la imputada solicitara la duplicidad del término constitucional, una figura legal que extiende el plazo para que el juez resuelva su situación jurídica.
Para la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el papel de Pedraza Madrid fue clave. La acusan de haber fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., señalada como un vehículo para mover dinero de origen ilícito y desviar recursos públicos a través del sistema financiero. De acuerdo con la imputación, por medio de esta firma se habrían canalizado más de 5 mil 100 millones de pesos provenientes de dependencias federales, principalmente mediante contratos relacionados con el equipamiento de cárceles federales.
Según las investigaciones, estos contratos habrían beneficiado directamente a García Luna, a integrantes de su familia y a colaboradores cercanos. La Fiscalía sostiene que la empresa fue utilizada para triangular recursos y ocultar el destino final del dinero, un esquema que forma parte del expediente ampliado sobre la presunta red de corrupción construida durante el sexenio de Felipe Calderón.
Pedraza Madrid fue detenida el 16 de diciembre en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Tras su captura, fue trasladada al penal federal donde ahora permanece bajo custodia. La FGR también señaló que en 2019 fue nombrada apoderada legal de Nunvav en una asamblea realizada en Panamá, donde recibió amplias facultades para manejar asuntos financieros y legales tanto en México como en el extranjero.
Su trayectoria dentro del sector seguridad se desarrolló entre 2001 y 2012. Inició en el área de Prevención y Readaptación Social y posteriormente se integró a la Secretaría de Seguridad Pública federal. Ahí alcanzó el cargo de directora general adjunta en la coordinación de asesores de García Luna, una posición desde la cual daba seguimiento a proyectos estratégicos, lo que explica su cercanía operativa con el exfuncionario.
Aunque su nombre no apareció durante el juicio de García Luna en Estados Unidos, donde el exsecretario fue condenado por vínculos con el narcotráfico, las autoridades mexicanas la ubican dentro de las investigaciones financieras paralelas que siguen abiertas. El mismo expediente ha derivado en órdenes de aprehensión contra familiares del exfuncionario y decenas de personas más.
El caso de Pedraza Madrid refuerza la línea del gobierno federal de avanzar contra quienes presuntamente formaron parte del entramado financiero y administrativo que permitió el desvío de recursos públicos en el sector de seguridad. Ahora será el Poder Judicial el que determine si las acusaciones se sostienen y si la exfuncionaria enfrenta un proceso penal formal.