Por Bruno Cortés
En México, muchos jóvenes celebran su graduación con toga y birrete, pero meses —incluso años— después, siguen esperando su título profesional. Y sin ese papel, que debería ser un mero trámite, no pueden ejercer su carrera, tramitar su cédula ni acceder a empleos formales. Por eso, la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma a la Ley General de Educación Superior que busca poner fin a ese tortuoso proceso.
La iniciativa plantea que ninguna institución privada pueda tardar más de 90 días naturales en expedir certificados, diplomas o títulos profesionales, una vez que el estudiante haya cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos. Es decir, si ya entregaste tu tesis, cubriste tus créditos y pagaste tus derechos, no deberías esperar más de tres meses para tener en mano el documento que acredita tu esfuerzo.
La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para su análisis, parte de una realidad muy conocida por los egresados: los retrasos en la entrega de títulos son frecuentes, sobre todo en universidades particulares, donde uno de cada cuatro estudiantes no recibe su título a tiempo. Esta situación, que parecería burocrática, tiene consecuencias profundas: muchos jóvenes no pueden ser contratados formalmente, pierden oportunidades laborales o se ven obligados a aceptar trabajos informales, todo por una falla administrativa que no debería existir.
De acuerdo con la diputada, este vacío legal ha permitido que algunas instituciones prolonguen los trámites sin justificación, dejando a los egresados “en un estado de indefensión”. Por eso, propone establecer un plazo legal que dé certeza tanto a las universidades como a los estudiantes. La educación superior no termina con la graduación; termina cuando el estudiante puede ejercer su profesión en igualdad de condiciones, subrayó Licerio Valdés.
Más allá de lo técnico, la iniciativa tiene un fondo social y económico importante. En un país donde cada año miles de jóvenes egresan con la esperanza de incorporarse al mercado laboral, un retraso en el título puede significar quedarse fuera de un proceso de contratación, perder una beca de posgrado o simplemente ver truncado un proyecto de vida. Por eso, la reforma busca garantizar el derecho al trabajo digno y a la educación, ambos reconocidos por la Constitución.
Esta medida también serviría para fortalecer la rendición de cuentas en las universidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), muchas de las cuales operan con poca supervisión y procesos administrativos lentos o poco transparentes. Con plazos definidos por ley, las instituciones tendrían que modernizar sus sistemas, simplificar trámites y responder con mayor eficiencia a sus egresados.
En palabras simples, lo que propone la diputada es que el Estado garantice algo que debería ser obvio: que si ya cumpliste con tu parte, la escuela cumpla también. Porque un título no es un favor ni un lujo burocrático, es el derecho que corona años de estudio, esfuerzo y sacrificio.
La reforma podría parecer menor, pero en realidad toca un punto sensible de la vida profesional y del sistema educativo. Se trata, en el fondo, de una política pública que busca justicia y eficiencia: que el esfuerzo de los jóvenes mexicanos no quede guardado en un archivero, esperando un sello o una firma que nunca llega.