El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la reforma constitucional que busca poner fin a las denominadas “pensiones doradas”, al avalar la minuta que modifica el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer límites a las jubilaciones y pensiones en el sector público.
Con 46 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el órgano legislativo capitalino, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, respaldó la propuesta que pretende atender una demanda social relacionada con la equidad en el uso de recursos públicos, de acuerdo con información oficial del propio Congreso.
Durante la sesión, legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la reforma responde a la necesidad de frenar privilegios excesivos en las pensiones de altos funcionarios, que en algunos casos superan ampliamente el ingreso promedio de la población. La medida busca, además, reforzar los principios de austeridad en el ejercicio del gasto público.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa sostuvo que las pensiones elevadas representan un uso indebido del poder y subrayó que el servicio público no debe ser un mecanismo para garantizar beneficios económicos de por vida. En ese sentido, afirmó que la reforma forma parte de una política orientada a la justicia social y a la eliminación de privilegios.
Por su parte, la legisladora Elvia Estrada Barba calificó como necesaria la modificación constitucional, al señalar que existe una marcada desigualdad entre las pensiones de la mayoría de la población y aquellas asignadas a ciertos exfuncionarios. Indicó que el objetivo es evitar abusos y redirigir el presupuesto hacia sectores prioritarios.
En la misma línea, el diputado Ernesto Cantú Villarreal argumentó que en administraciones anteriores se generaron estructuras que permitieron beneficios desproporcionados para una minoría, mientras que la mayoría de los trabajadores accedía a esquemas de retiro limitados.
No obstante, también surgieron posturas críticas. La diputada Patricia Urriza Arellano respaldó el establecimiento de topes a las pensiones, pero advirtió que la reforma no aborda de manera integral la sostenibilidad del sistema ni garantiza justicia intergeneracional, al cuestionar la viabilidad del financiamiento de futuras jubilaciones.
En tanto, el diputado Omar García Loria alertó sobre posibles implicaciones legales, al señalar que modificar acuerdos previamente establecidos podría generar incertidumbre jurídica y eventuales controversias constitucionales. Si bien reconoció la necesidad de ajustar el sistema, enfatizó la importancia de respetar derechos adquiridos.
De acuerdo con el Congreso de la Unión, la reforma al Artículo 127 busca establecer parámetros claros sobre las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, incluyendo límites a las pensiones financiadas con recursos públicos, como parte de una política de racionalidad presupuestaria.
La aprobación en la capital del país se suma al proceso de validación que deben realizar los congresos estatales para que la reforma constitucional entre en vigor, conforme a lo establecido en el procedimiento del Constituyente Permanente.