Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa una de las iniciativas más sensibles de su administración: una nueva Ley General para prevenir, investigar y castigar el feminicidio en todo el país. La propuesta no solo busca endurecer penas, sino cambiar de fondo cómo el Estado enfrenta este delito.
Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó el objetivo en términos claros: que todas las fiscalías del país trabajen bajo las mismas reglas y con un mismo enfoque. En otras palabras, evitar que cada estado investigue de forma distinta un crimen que, por su gravedad, debería tratarse con los mismos estándares en todo México.
La iniciativa, que será enviada al Senado de la República, apunta directamente a uno de los principales problemas del sistema de justicia: la impunidad. Para lograrlo, propone que cualquier muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, sin esperar a que aparezcan pruebas adicionales. Esto cambia la lógica actual, donde muchas veces los casos se clasifican de otra forma y se pierden elementos clave en la investigación.
La fiscal general Ernestina Godoy explicó que el proyecto se construyó con distintas instituciones y busca responder a una realidad que lleva años acumulándose. El feminicidio, más que un delito aislado, es un fenómeno que refleja violencia estructural, y por eso la propuesta incluye medidas que van más allá del castigo.
Por ejemplo, se establecen penas de hasta 70 años de prisión y una serie de agravantes que consideran condiciones específicas de las víctimas, como edad, discapacidad o pertenencia a comunidades indígenas. También se plantea que este delito no prescriba, es decir, que pueda ser perseguido sin importar el tiempo transcurrido.
Otro punto clave es la llamada “perspectiva de género obligatoria”. Traducido a lo cotidiano, significa que las autoridades deberán analizar cada caso considerando el contexto de violencia que viven muchas mujeres, evitando errores comunes como minimizar antecedentes o descartar indicios importantes.
La propuesta también pone atención en las víctimas indirectas. Ingrid Gómez Saracíbar subrayó que un feminicidio no solo afecta a quien pierde la vida, sino a familias enteras, especialmente hijas e hijos. Por eso se incluyen medidas como apoyo psicológico, asesoría legal gratuita y mecanismos de reparación del daño.
Incluso se contempla algo que ha generado debate en años recientes: la prohibición de difundir imágenes de las víctimas en medios y redes, buscando proteger su dignidad y la de sus familias.
En términos de políticas públicas, la iniciativa intenta articular tres frentes al mismo tiempo: prevenir la violencia, mejorar las investigaciones y garantizar castigos efectivos. No se trata solo de reaccionar cuando ocurre un crimen, sino de construir un sistema que reduzca las probabilidades de que suceda.
Sheinbaum confió en que la propuesta tendrá respaldo en el Congreso. Y es que, en teoría, se trata de un tema donde hay poco margen para el desacuerdo político: garantizar que la violencia contra las mujeres se investigue y sancione de manera efectiva.
Ahora, el debate se trasladará al Poder Legislativo, donde se definirá si esta iniciativa se convierte en ley y, sobre todo, si logra traducirse en cambios reales en la vida de las mujeres en México.