Por Juan Pablo Ojeda
La muerte de un joven mexicano bajo custodia migratoria en Estados Unidos encendió una nueva tensión diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno exigirá una investigación a fondo y enviará una protesta formal tras el fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, ocurrido en un centro de detención en Florida.
Durante su conferencia matutina desde Quintana Roo, la mandataria calificó el caso como “muy lamentable” y dejó claro que México no se quedará solo con la versión preliminar de las autoridades estadounidenses. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sostiene que se trató de un “supuesto suicidio”, el gobierno mexicano busca una revisión más profunda de los hechos.
En términos prácticos, lo que está en juego no es solo un caso individual, sino el trato que reciben los migrantes bajo custodia en Estados Unidos. La Cancillería mexicana, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, ya analiza medidas adicionales junto con su equipo, incluyendo una nota diplomática más firme para presionar por claridad en la investigación.
El caso tiene un contexto más amplio. Con esta muerte, suman 13 fallecimientos de personas bajo custodia del ICE en lo que va del año, y 42 durante la actual administración de Donald Trump. Esta cifra ha generado preocupación entre organizaciones civiles y actores políticos en ambos países.
Royer Pérez Jiménez murió el pasado 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, luego de ser encontrado inconsciente. A pesar de los intentos de reanimación, no logró sobrevivir. Sin embargo, la causa oficial sigue bajo investigación, lo que abre dudas sobre las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento.
No es un caso aislado. En meses recientes, otras muertes en centros de detención han sido atribuidas a suicidios, versiones que han sido cuestionadas por familiares, especialistas forenses y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, que desde hace años denuncia abusos, negligencia médica y condiciones inhumanas en estos espacios.
En este escenario, la postura del gobierno mexicano busca ir más allá de la condena pública. La exigencia de una investigación profunda apunta a esclarecer responsabilidades, pero también a colocar el tema migratorio en el centro de la relación bilateral, donde los derechos humanos siguen siendo uno de los puntos más sensibles.
El caso de Royer Pérez Jiménez no solo refleja una tragedia individual, sino un problema estructural que sigue generando cuestionamientos sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos y el margen real de acción de México para proteger a sus ciudadanos en el exterior.