En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (SEVIVIENDA), Inti Muñoz Santini, subrayó que existe una “interpretación equivocada” sobre el alcance de dicho acuerdo, al precisar que se trata únicamente de un mecanismo para agilizar trámites administrativos, sin modificar el marco legal vigente.
El funcionario explicó que el acuerdo de facilidades está sustentado en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, cuyo objetivo es acelerar el inicio de demoliciones en inmuebles con alto riesgo estructural, pero sin colocarse por encima de otras disposiciones legales ni de la Constitución.
Muñoz Santini enfatizó que este instrumento no constituye una licencia de demolición ni sustituye las obligaciones de supervisión, verificación y autorización que corresponden a las autoridades competentes. En ese sentido, reiteró que las alcaldías mantienen la potestad exclusiva de vigilar el cumplimiento de la normatividad en obras y demoliciones.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y en la Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), corresponde a los gobiernos locales verificar las condiciones de seguridad, emitir licencias cuando proceda y supervisar la ejecución de las obras conforme al reglamento vigente.
El Gobierno capitalino detalló que el acuerdo únicamente contempla la exención de algunos pagos de derechos y trámites administrativos complementarios, sin eliminar las obligaciones legales. “Las disposiciones en materia de ley son ineludibles e inobjetables, claras y precisas”, sostuvo el titular de SEVIVIENDA.
Respecto al caso del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, se informó que en octubre de 2025 un particular solicitó adherirse al esquema de facilidades, lo cual fue evaluado por la Comisión para la Reconstrucción —en la que participa la demarcación— y aprobado únicamente en términos administrativos.
Asimismo, se indicó que la autoridad correspondiente tuvo conocimiento del inicio de la obra en noviembre de 2025 y realizó una visita de verificación, en la que se constató la existencia de un dictamen técnico que justificaba la demolición del inmueble.
En paralelo, el gobierno capitalino aseguró que, tras el colapso ocurrido el 9 de marzo, se estableció contacto con las familias de las víctimas, quienes ya reciben apoyo por parte de la empresa responsable, bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Finalmente, las autoridades reiteraron que han actuado conforme al marco jurídico vigente y que continuarán colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades, en un caso que ha reavivado el debate sobre la supervisión de obras de alto riesgo en la capital.