Por Juan Pablo Ojeda
En la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para eliminar los privilegios en las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios, especialmente los de alto nivel, aunque aclaró que el Poder Judicial no será incluido. La propuesta busca establecer límites claros: las pensiones de estos exservidores públicos no podrán exceder el 50 % del salario del titular del Ejecutivo federal, asegurando que queden alineadas a montos razonables y compatibles con las capacidades del Estado.
Según Sheinbaum, esta medida permitirá un ahorro de aproximadamente 5 mil millones de pesos que serán destinados a programas del bienestar, fortaleciendo así la política social del gobierno. La mandataria enfatizó que estas reformas forman parte de un esfuerzo más amplio por acabar con prácticas heredadas de administraciones anteriores, en las que algunos exfuncionarios recibían beneficios superiores al salario presidencial, lo que, a su juicio, “ofende al pueblo” cuando millones de trabajadores y pensionados reciben montos considerablemente menores.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que la iniciativa se inserta dentro de un marco de política pública que busca garantizar la transparencia, la equidad y el uso responsable del gasto público. El propósito es que los recursos destinados a pensiones se ajusten a criterios justos y no financien privilegios excesivos que impactan negativamente en las finanzas del Estado.
El anuncio de la presidenta se sustenta en datos previamente difundidos por el Gobierno federal. En agosto de 2025, se reportó que en Luz y Fuerza del Centro, 14 073 extrabajadores recibían pagos anuales que sumaban más de 28 mil millones de pesos, con montos mensuales entre 100 mil y un millón de pesos, algunos incluso superiores al salario neto de la presidencia. En Pemex, más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza representan un gasto anual cercano a 24 844 millones de pesos, y al menos 544 personas perciben ingresos superiores al salario presidencial. Algunos de estos montos equivalen hasta 39 veces la pensión promedio nacional.
La presidenta subrayó que esta situación evidencia la necesidad de reformar los sistemas de pensiones de exfuncionarios, ya que mantener privilegios tan altos es insostenible y contrasta con la situación de millones de mexicanos que dependen de ingresos mucho menores. “Este tipo de privilegios no solo es injusto, sino que también daña la percepción de la sociedad sobre la eficiencia del Estado y su compromiso con la equidad”, dijo.
La iniciativa, además de establecer límites, busca cerrar vacíos legales que permitían que altos mandos mantuvieran pensiones excesivas, incluso cuando ya no ocupaban cargos de responsabilidad. Según el gobierno, la reforma no afectará los derechos adquiridos previstos en condiciones generales de trabajo, pero sí pretende evitar que se otorguen nuevos beneficios desproporcionados.
Expertos en políticas públicas señalan que la propuesta podría ser un paso relevante hacia la racionalización del gasto público en pensiones, un tema que históricamente ha generado controversia en México debido a su impacto fiscal y a la percepción de desigualdad. Además, se espera que esta medida tenga un efecto simbólico al enviar un mensaje claro sobre la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la justicia social en la administración pública.
La reforma, que ahora deberá ser discutida y aprobada por el Congreso, es una pieza clave dentro de la política del gobierno federal orientada a la transparencia, la austeridad y la protección de recursos públicos, reforzando la estrategia de asegurar que los fondos destinados a pensiones estén alineados con criterios de equidad y sostenibilidad.