En pronunciamientos recientes, la consejera Carla Humphrey afirmó que no participó en la concepción, planeación ni contratación de la miniserie, y subrayó que su actuación dentro del Consejo General del INE se rige por los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que establece la Constitución.
Humphrey cuestionó la decisión administrativa que permitió la adjudicación directa del proyecto a una empresa vinculada al productor Gilberto Solís, personaje que ha sido relacionado con investigaciones periodísticas y judiciales derivadas del esquema de desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra”.
La consejera electoral enfatizó que, si bien el INE tiene atribuciones para difundir y documentar procesos electorales relevantes, cualquier producción institucional debe cumplir con criterios estrictos de austeridad, claridad en el gasto y máxima transparencia en la contratación de proveedores.
El proyecto “Elección sin precedente” busca narrar el proceso de la elección judicial de 2025, considerada inédita en la historia democrática del país. No obstante, desde su anuncio oficial, realizado en enero de 2026, ha sido objeto de críticas tanto al interior como al exterior del órgano electoral.
De acuerdo con información institucional, la contratación fue supervisada por la Secretaría Ejecutiva del INE y se realizó bajo la administración de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Hasta el momento, el instituto no ha difundido de manera detallada el monto total del contrato ni los criterios específicos que justificaron la adjudicación directa.
Durante sesiones del Consejo General, algunas consejerías han solicitado información adicional sobre el proceso de contratación, el alcance del proyecto y los mecanismos de control interno aplicados, con el fin de garantizar que los recursos públicos se hayan ejercido conforme a la normatividad vigente.
El INE ha señalado, a través de comunicados oficiales, que el proyecto tiene fines informativos y pedagógicos, y que se enmarca en sus facultades de difusión cívica. Sin embargo, la falta de una fecha de estreno confirmada y la ausencia de documentación pública detallada han alimentado la polémica.
Especialistas en temas electorales han advertido que este tipo de controversias pueden impactar en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad y la credibilidad del árbitro electoral, particularmente en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre el uso de recursos públicos.