Con la reforma avalada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se establece que toda cópula con una persona menor de 15 años será considerada violación, delito que se sancionará con penas que van de 12 a 20 años de prisión. La modificación busca cerrar vacíos legales y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual en edades tempranas.
En contraste, el delito de estupro se aplicará cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años y el consentimiento haya sido obtenido mediante engaño. En estos casos, la sanción contemplada será de uno a cinco años de prisión, según lo establecido en las reformas a los artículos 180, 181 y 181 Bis del Código Penal capitalino.
La iniciativa fue impulsada por diputadas de distintos grupos parlamentarios, entre ellas Yuriri Ayala Zúñiga, legisladora de Morena, quien argumentó que el objetivo central es fortalecer la protección del desarrollo psicosocial de las infancias y adolescencias, al establecer un marco jurídico más claro frente a los delitos sexuales.
Durante la discusión legislativa se destacó que la reforma busca armonizar el Código Penal con estándares constitucionales y de protección de derechos humanos, particularmente en lo relacionado con la salvaguarda del interés superior de la niñez. El dictamen fue aprobado sin votos en contra, lo que reflejó consenso entre las fuerzas políticas representadas en el recinto.
De acuerdo con cifras citadas durante el proceso legislativo, ocho de cada diez agresiones sexuales contra menores de edad son cometidas por familiares o personas cercanas al entorno de las víctimas. Además, cuatro de cada diez casos involucran a niñas y niños menores de 15 años, lo que evidenció la necesidad de endurecer la legislación en este ámbito.
Las y los legisladores también incluyeron una reserva para garantizar que la reforma no afecte procesos penales en curso o situaciones jurídicas previamente determinadas. Con ello, se busca preservar el principio de seguridad jurídica y evitar interpretaciones retroactivas de la norma.
Autoridades y especialistas han señalado que la actualización del marco legal es una medida relevante para mejorar la persecución de delitos sexuales contra menores, aunque advirtieron que su eficacia dependerá también de la actuación de instituciones como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del fortalecimiento de mecanismos de prevención y atención a víctimas.